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La división de poderes es un principio fundamental en las democracias modernas liberales. Este sistema, también conocido como separación de poderes, busca distribuir las funciones del Estado.
El objetivo es tener diversos órganos independientes, con el objetivo de prevenir la concentración de poder y garantizar la independencia de poderes, el control, armonía y equilibrio, y la justicia. Tradicionalmente, se han dividido los poderes en tres: judicial, ejecutivo y legislativo.
Para decirlo de forma sencilla. Hay tres poderes, actúan de forma independiente y cada uno tiene unas tareas específicas.
A su vez, estos deben controlarse entre sí. Para esto, los diversos estados han creado sistemas de contrapesos y equilibrios, también conocido como pesos y contrapesos o frenos y contrapesos. Se trata de controles mutuos que buscan evitar la concentración de poder, la tiranía o los abusos dentro del Estado.
En este punto es preciso señalar que este puede cambiar entre un país y otro, en función de su diseño institucional. Por ejemplo, el sistema de pesos y contrapesos en España, una monarquía constitucional, es diferente al sistema mexicano, con un gobierno presidencialista, o al francés, con un semipresidencialismo.
La idea de dividir el poder para evitar la tiranía no es nueva. Ya en la antigua Grecia, filósofos como Aristóteles reflexionaban sobre la necesidad de distribuir las funciones del gobierno.
Sin embargo, no fue hasta el siglo XVII que la teoría de la separación de poderes tomó forma con las ideas de John Locke y, especialmente, de Montesquieu (Charles Louis de Secondat). Este último, en su obra "El espíritu de las leyes", fue quien estableció la división del poder en tres ramas: legislativa, ejecutiva y judicial.
El pensador argumentó que para que las personas que tuviesen el poder no pudieran usarlo en contra de la libertad de los ciudadanos, sería necesario dividirlo en diferentes partes. De esta manera, el poder se controlaría a sí mismo y no se convertiría en una amenaza para la libertad individual.
En otras palabras, es como si el poder estuviera dividido en varios equipos que se vigilan entre sí. Si un equipo intenta abusar de su poder, los demás equipos pueden intervenir y detenerlo.
En la mayoría de las democracias, la Constitución establece la separación de poderes y define las funciones de cada uno de ellos. Como hemos mencionado, hay una base general, pero cada Estado tiene sus particularidades, que se encuentran recogidas en su Carta Magna.
En España, por ejemplo, la Constitución de 1978 establece un sistema de gobierno dividido así:
Poder ejecutivo
Es el responsable de la administración del Estado y de la ejecución de las leyes. Está formado por el Gobierno, encabezado por el presidente o la presidenta, vicepresidentes y por los distintos ministerios. En el caso de España, al ser un sistema parlamentario, se inviste presidente/a de gobierno a quien logre sumar la mayoría de apoyos. Así, existe la posibilidad de tener gobiernos de coalición entre diferentes partidos. Por ejemplo, un gobierno tripartito es aquel formado por tres partidos.
Poder legislativo
Es el responsable de elaborar las leyes. Está formado por las Cortes Generales, que se dividen en dos cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado.
Poder judicial
Es el responsable de aplicar las leyes y resolver los conflictos jurídicos. En palabras simples, se encargan de ejercer la justicia. Esto se traducen en hacer cumplir las leyes y normas. Está formado por los tribunales, con sus jueces y magistrados, que son independientes. Además, dan solución a las controversias que surjan entre las personas y el Estado, en todo lo referente al ordenamiento jurídico a nivel civil, penal, administrativo o laboral.
El poder ejecutivo se encarga de llevar a cabo las decisiones tomadas por el poder legislativo. Como señala información de La Moncloa (España): "Los órganos colegiados del Gobierno son el Consejo de Ministros y las Comisiones Delegadas del Gobierno". Entre sus funciones se encuentran:
El poder legislativo es el responsable de crear las leyes que rigen el país. Entre sus funciones principales se encuentran:
El poder judicial es el responsable de velar por el cumplimiento de las leyes. Su gobierno radica en el Consejo General del Poder Judicial; el Tribunal Supremo es la más alta instancia de jurisdicción, excepto cuando se refiere a temas constitucionales, donde el Tribunal Constitucional tiene su ejercicio.
Entre sus funciones se encuentran:
Para evitar que un poder se vuelva demasiado poderoso, la separación de poderes establece un sistema de frenos y contrapesos ("checks and balances" en inglés).
Este sistema permite que cada poder pueda controlar a los demás. De esta forma, hay una "vigilancia cruzada", en la cual se evita la concentración de poder y la tiranía.
Ejemplos de pesos y contrapesos
Además de estos mecanismos, España también cuenta con otras instituciones que contribuyen al equilibrio de poderes, como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Consejo General del Poder Judicial, que supervisan el cumplimiento de la ley y protegen los derechos de los ciudadanos.
La división de poderes es un pilar fundamental de las democracias modernas. Este sistema, junto con el sistema de frenos y contrapesos, permite garantizar la independencia de poderes, el control y equilibrio, y la justicia, protegiendo así los derechos y libertades de los ciudadanos.
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