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La libertad del mercado requiere la presencia del derecho de la competencia, el cual debe ser adecuadamente controlado para evitar que las empresas establezcan monopolios o participen en conductas anticompetitivas. Estas acciones podrían perjudicar tanto a competidores como a consumidores, afectando negativamente al mercado en su conjunto. Es por ello que, el derecho de la competencia emerge como un componente esencial para garantizar mercados justos y equitativos. También conocido como derecho antimonopolio, este campo jurídico se centra en regular la conducta de las empresas para promover la competencia y prevenir prácticas empresariales anticompetitivas.
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En este artículo, nos sumergiremos de lleno en los fundamentos del derecho de la competencia en los mercados, explorando su importancia, principios básicos que lo sustentan y cómo contribuye a mantener una economía saludable.
El derecho de la competencia tiene como objetivo principal preservar y promover la competencia en los mercados. Pero ¿por qué es esto tan crucial? La competencia fomenta la innovación, mantiene los precios a niveles justos para los consumidores y evita la formación de monopolios que puedan ejercer un control desmedido sobre la economía de mercado. En pocas palabras, busca equilibrar los intereses de las empresas con los de los consumidores y la sociedad en general.
El derecho de la competencia es importante porque contribuye al desarrollo de mercado, al crecimiento sostenible y a la cohesión social. Un mercado competitivo favorece la asignación eficiente de los recursos, la generación de empleo y riqueza, y la mejora de la competitividad internacional. Además, el derecho de la competencia protege los derechos y las opciones de los consumidores, y fomenta la responsabilidad social y ambiental de las empresas.
En este contexto, la legislación antimonopolio actúa como un baluarte contra la concentración excesiva de poder económico, asegurando que todas las empresas tengan la oportunidad de competir en igualdad de condiciones. La creación de un entorno de competencia leal se traduce en un mercado más dinámico y resiliente, donde la calidad, la innovación y la eficiencia son los motores que impulsan el progreso económico.
El derecho de la competencia es una rama del derecho mercantil que, como ya hemos visto, tiene como objetivo garantizar el buen funcionamiento del mercado, mediante la prevención y la sanción de las conductas que distorsionan o restringen la competencia entre los agentes económicos. El derecho antimonopolio se basa en dos principios fundamentales que orientan su aplicación de las normas e interpretación de las mismas. Estos principios son:
Este principio refleja la firme determinación de prevenir y sancionar acuerdos restrictivos de la competencia entre empresas. La fijación de precios, el reparto de mercados y la restricción de la producción son prácticas vedadas, ya que distorsionan la libre competencia y perjudican tanto a consumidores como a competidores más pequeños.
El derecho de la competencia busca establecer un terreno de juego nivelado donde las compañías rivalicen basándose en la calidad de sus productos, la eficiencia operativa, y la innovación, en lugar de recurrir a tácticas desleales. Este enfoque fomenta la mejora continua y la oferta de productos y servicios superiores, beneficiando a los consumidores y estimulando la vitalidad del mercado.
El nivel nacional del derecho de la competencia en España se basa en la Constitución Española de 1978, que reconoce la libertad de empresa y el principio de economía de mercado, y que establece la obligación de los poderes públicos de velar por la defensa de los consumidores y usuarios, y de garantizar que la actividad económica se ajuste a las exigencias del interés general.
La norma principal que desarrolla el derecho de la competencia en España es la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), que regula las conductas anticompetitivas, las operaciones de concentración y las ayudas de Estado, y que crea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como el órgano administrativo independiente encargado de aplicar y hacer cumplir el derecho de la competencia en España.
La LDC se complementa con otras normas específicas que regulan aspectos concretos del derecho de la competencia, como por ejemplo la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que establece la estructura, las funciones y el régimen jurídico de la CNMC, o el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia, que desarrolla los procedimientos y las sanciones previstos en la LDC.
El nivel europeo del derecho de la competencia en España se basa en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que establece las normas comunes y los principios generales que deben respetar los Estados miembros y las empresas que operan en el mercado interior, y que otorga a la Comisión Europea la competencia para controlar y sancionar las infracciones al derecho de la competencia, así como para autorizar o prohibir las operaciones de concentración que afecten al mercado común.
El TFUE se complementa con otras normas específicas que desarrollan el derecho de la competencia en la Unión Europea, como por ejemplo el Reglamento Comunitario 1/2003, del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, que establece el marco de cooperación y coordinación entre la Comisión Europea y las autoridades nacionales de competencia, o el Reglamento Comunitario 139/2004, del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas, que establece el procedimiento y los criterios para la evaluación de las operaciones de concentración de dimensión comunitaria.
Estas normas que conforman el derecho de la competencia en España son esenciales para garantizar el funcionamiento óptimo del mercado español, y para el logro de los objetivos de la Unión Europea de una economía social de mercado altamente competitiva, que garantice un nivel de protección elevado y homogéneo de los derechos de los consumidores. Por ello, es importante que los agentes económicos conozcan y cumplan el derecho de la competencia, y que los ciudadanos y las autoridades lo defiendan y lo exijan. El derecho de la competencia es, en definitiva, un derecho de todos y para todos.
El derecho de la competencia a nivel internacional es el conjunto de normas y principios que regulan el comportamiento de los agentes económicos en el mercado mundial, con el fin de garantizar una competencia efectiva y leal entre ellos, y de proteger los intereses de los consumidores y de la sociedad en general. El derecho de la competencia a nivel internacional se basa en la cooperación y la coordinación entre los Estados y las organizaciones internacionales, como la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
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María Luisa Avilés Padilla
COPYWRITER
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