Ley de Protección al Informante: ¿qué debes saber?

La ley 2/2023, conocida como Ley de Protección al Informante, fue aprobada en febrero de 2023 por el Congreso español para fomentar la colaboración ciudadana en la detección y denuncia de conductas ilícitas, irregulares o abusivas en el ámbito laboral, financiero y fiscal. De esta forma, establece un marco jurídico para proteger a las personas que informen sobre estas infracciones, evitando que sufran represalias o discriminaciones. 

La ley se aplica tanto al sector público como al privado, y obliga a todas las organizaciones con 50 o más empleados a implantar Sistemas internos de información (SIC). El objetivo es que a través de estos sistemas los informantes puedan comunicar, de forma confidencial y segura, las posibles infracciones que conozcan o sospechen, y fomentar este procedimiento de lucha contra la corrupción. ¡Sigue leyendo para que conozcas las claves de la nueva ley! 

¿Quiénes deben implementar el Sistema interno de información? 

Las entidades públicas y privadas deben implementar un Sistema interno de información. En lo particular, la ley establece que en el caso del sector privado estarán obligados a disponer un Sistema interno de información:  

• Las personas físicas o jurídicas que tengan contratados cincuenta o más trabajadores. 
• Las personas jurídicas que entren en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea en materia de servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, seguridad del transporte y protección del medio ambiente. 
• Los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones siempre que reciban o gestionen fondos públicos. 

Además, explica que todas las entidades del sector público estarán obligadas a tener este sistema. En este contexto, se entienden comprendidos en el sector público:  

• Las Administraciones públicas estatales, autonómicas y locales. 
• Los organismos y entidades públicas vinculadas o dependientes de alguna Administración pública. 
• Los organismos públicos con autonomía, el Banco de España y la Seguridad Social 
• Las universidades públicas. 
• Las corporaciones de Derecho público. 
• Las fundaciones del sector público. 
• Sociedades mercantiles. 

¿Quién puede informar y cómo? 

El canal de información es el medio a través del cual los anunciantes pueden comunicar las posibles infracciones que conozcan o sospechen. El canal puede ser interno o externo, según se trate del SIC de la organización o del canal gestionado por la Agencia Estatal de Protección al Informante. 

El canal interno debe ser el primer recurso al que acudan los informantes. Cualquiera que tenga conocimiento o sospecha de una infracción puede utilizar el canal interno, trabajador, directivo, accionista, cliente, proveedor, colaborador o familiar de cualquiera de ellos. También puede ser utilizado por extrabajadores o por personas que hayan solicitado un empleo o una relación contractual con la organización. 

Mientras tanto, el canal externo puede ser utilizado por los informantes cuando el canal interno no funcione o no garantice su protección, o cuando la infracción afecte al interés público o al Derecho de la Unión Europea. El canal externo puede ser utilizado por cualquier persona que tenga conocimiento o sospecha de una infracción, siempre que haya intentado comunicarla previamente por el canal interno, salvo que existan razones fundadas para no hacerlo. 

¿Qué requisitos debe cumplir el Sistema interno de información? 

Como instrumento principal para facilitar la comunicación de las posibles infracciones, e Sistema interno de información (SIC) debe: 

• Ser accesible, fácil de usar y gratuito para los informantes. 
• Garantizar la confidencialidad de la identidad del informante y de cualquier tercero mencionado. 
• Proporcionar al informante un acuse de recibo en el plazo de siete días naturales siguientes a su recepción, y debe informarle sobre el resultado de la investigación en el plazo de tres meses. 
• Contar con procedimientos internos para investigar las comunicaciones recibidas, y para adoptar las medidas correctivas o sancionadoras que procedan. 
• Establecer mecanismos de control, seguimiento y evaluación de su funcionamiento. 

¿Cómo se garantiza la confidencialidad del alertador? 

La Ley de Protección al Informante otorga una especial relevancia a la confidencialidad del alertador, entendida como el derecho a que su identidad no sea revelada ni comunicada a terceros sin su consentimiento expreso. Esta confidencialidad se extiende también a cualquier otra información que pueda permitir su identificación directa o indirecta, como su puesto de trabajo, su departamento, su ubicación o su relación con la organización.  

Tal y como explica la ley, el incumplimiento del deber de confidencialidad puede dar lugar a responsabilidades civiles, administrativas o penales, según el caso, y a indemnizaciones por los daños y perjuicios causados al alertador. 

Sanciones económicas 

Por último, debes saber que la Ley de Protección al Informante prevé un régimen sancionador para las organizaciones que incumplan sus obligaciones en materia de protección al informante. Las faltas pueden ser de tres tipos: muy graves, graves o leves. Cada una de estas infracciones trae aparejada la imposición de multas. Te lo explicamos a continuación. 

Muy graves

Multas hasta 1 millón de euros:  

• Cualquier actuación que suponga una efectiva limitación de los derechos y garantías previstos en la ley. 
• La adopción de cualquier represalia. 
• Vulnerar las garantías de confidencialidad y anonimato previstas en la ley, y de forma particular cualquier acción u omisión tendente a revelar la identidad del informante. 
• Vulnerar el deber de mantener secreto sobre cualquier aspecto relacionado con la información. 
• Volver a cometer una infracción grave cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones graves o muy graves en los dos años anteriores.  
• Comunicar o revelar públicamente información falsa. 
• Incumplimiento de la obligación de disponer de un Sistema interno de información. 

Graves

Multas hasta 600 mil euros:

• Cualquier intento o acción efectiva de obstaculizar la presentación de informaciones que no tenga la consideración de infracción muy grave. 
• Vulnerar las garantías de confidencialidad, anonimato y el deber de secreto cuando no tenga la consideración de infracción muy grave. 
• Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas para garantizar la confidencialidad y secreto de las informaciones. 
• La comisión de una infracción leve cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones leves, graves o muy graves en los dos años anteriores. 

Leves

Multas hasta 100 mil euros:

• Remisión de información de forma incompleta, de manera deliberada por parte del responsable del Sistema a la Autoridad, o fuera del plazo concedido para ello. Además, contempla las infracciones mencionadas anteriormente, pero que no sean consideradas graves o muy graves.  

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