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Una de las funciones de las Administraciones Públicas es la de gestionar y tramitar asuntos de naturaleza administrativa a través de un procedimiento legalmente establecido, para garantizar el orden y eficacia de estas operaciones.
En España, estos procedimientos se rigen por una ley que ha sufrido varias transformaciones a través de los años y cuya última modificación entro en vigencia en agosto del 2020.
Contar con una Ley de procedimiento administrativo es de vital importancia para satisfacer las necesidades de las empresas y las personas naturales y jurídicas, de estar al día en la gestión de los trámites con la administración, de forma eficiente y garantizando los derechos fundamentales procedimentales.
En este artículo te explicaremos en qué consiste la ley de procedimiento administrativo y todo lo que necesitas saber sobre las nuevas modificaciones.
El procedimiento administrativo es una serie de medidas que lleva a cabo la administración pública como parte de sus funciones para producir un acto administrativo.
Mediante este procedimiento se garantizan los intereses generales y se facilita la relación de las empresas y personas naturales y jurídicas con los diferentes organismos de la administración pública.
Los procedimientos administrativos están sometidos al control del Poder Judicial.
En un procedimiento administrativo interviene el titular del órgano administrativo y la parte interesada.
El funcionario o órgano colegiado posee más facultades y es quien realiza los trámites a través de un mecanismo que garantiza la objetividad y protección de los derechos de la parte interesada.
Los interesados son quienes promueven dicho procedimiento o aquellas personas sobre las que recae la resolución. Estas poseen menos facultades y, para poder formar parte del procedimiento, deben presentar la acreditación de su capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas.
Las administraciones públicas emplean diferentes procedimientos para ejecutar un acto administrativo, entonces, existe un procedimiento administrativo común y procedimientos especiales.
Pero, los procedimientos administrativos también se pueden clasificar en función de la actuación de la administración como:
En España, los procedimientos administrativos se regulan y desarrollan tomando en cuenta a Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).
Sin embargo, ya que existen diferentes procedimientos, esta ley sirve como complemento para los procedimientos especiales y algunos procedimientos quedan fuera de su alcance.
Para conocer en qué consiste la ley de procedimiento administrativo, primero se debe conocer:
La LPAC o Ley de Procedimiento Administrativo Común, se refiere a la ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 39/2015.
La última modificación fue el 31 de agosto del 2018, con la publicación por parte del BOE del Real Decreto-Ley 11/2018, con una ampliación en 2 años del plazo inicial de su entrada completa en vigor
Esta ley nace con el objetivo de realizar la gestión de todos los procedimientos administrativos de forma eficaz y rápida, por medio de un sistema electrónico que le permita a la parte interesada instaurar una relación electrónica con la administración pública.
Con la ayuda de la tecnología, los interesados podrán presentar documentos y realizar trámites con la administración pública las 24/365, ahorrando tiempo y reduciendo errores.
Esta ley también establece que las empresas dispongan de un Certificado de firma electrónico de persona física como representante de persona jurídica, o bien un certificado de sello electrónico para la realización de diversas solicitudes.
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La Ley de Procedimiento Administrativo afecta a aquellas personas que ejercen una actividad profesional para la que requieren colegiación obligatoria, también afecta a personas jurídicas y a representantes de los interesados que deben relacionarse de manera electrónica con la Administración.
Asimismo, afecta a las administraciones Públicas, organismos públicos, entidades vinculadas y a empleados de las Administraciones públicas, cuando las representen como empleado público.
Las entidades sin personalidad jurídica también se ven afectadas por esta nueva ley.
Los trámites principales del procedimiento administrativo que la Ley 39/2015 establece son:
Cristina Polo Calvo
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