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El acto administrativo encierra algunos aspectos que lo hacen único. Por ello, queremos explicar los elementos que contiene, los tipos que existen y los grados de invalidez que existen. Sigue leyendo, al terminar conocerás en profundidad qué implica este concepto.
¡Vamos!
Un acto administrativo se puede entender como una declaración unilateral de voluntad emitida por un órgano de la administración pública. Como es normal, esta declaración tiene la intención u objetivo de producir efectos jurídicos sobre terceros, creando, modificando o extinguiendo derechos u obligaciones en el ámbito de la administración pública.
Si hay algo que caracteriza al acto administrativo es su carácter ejecutivo y su presunción de legalidad. Esto se afirma porque se realiza conforme al ordenamiento jurídico vigente. Aun así, existe un procedimiento administrativo a través del cual se puede revisar. De igual manera, también se puede evaluar desde el ámbito del contencioso-administrativo.
¿Y qué diferencia al acto administrativo de otros actos jurídicos? Exclusivamente que el primero es emitido por una entidad pública y está destinado a gestionar la actividad del Estado en pos de los intereses públicos.
Así, podemos concluir que el acto administrativo es vital para el funcionamiento de los servicios públicos.
Como venimos diciendo, el acto administrativo consiste en la manifestación de voluntad de la administración pública, que debe ser emitida de acuerdo con las normas del derecho administrativo, dentro del marco del ordenamiento jurídico vigente.
Por otro lado, un acto administrativo debe cumplir con ciertos requisitos para ser considerado como válido y eficaz:
Estos elementos deben darse por un único motivo: cumplir con los principios de legalidad y transparencia que caracterizan a la administración.
Debes saber que existen distintos tipos de actos administrativos. Si atendemos a un determinado criterio como la forma de emisión, contaremos con unos tipos, pero si nos centramos en sus efectos, tendremos otros. Por eso, vamos a indicarlos de una manera esquematizada:
Como hemos comentado al principio del post, los actos administrativos pueden caer en algún tipo de vicio que afecte a su validez. ¿Qué pasa entonces? Que se da lugar a diferentes grados de invalidez. Vamos a verlos:
Un acto administrativo es catalogado como nulo de pleno derecho cuando contraviene gravemente el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, un acto emitido por una autoridad manifiestamente incompetente o que vulnera los derechos fundamentales. En estos casos, pueden ser impugnados en cualquier momento, incluso ante el contencioso-administrativo.
Si un acto administrativo presente vicios menos graves como la falta de motivación o defectos formales, se diría que es anulable. Estos actos anulables producen efectos hasta que no son impugnados y declarados inválidos por la autoridad competente.
Hay actos administrativos que presentan defectos o irregularidades menores, pero eso no afecta a su validez jurídica. En estos casos, se subsanan sin necesidad de anular el acto.
El objetivo principal de un acto administrativo no es otro que cumplir con el interés general que persigue la administración pública. De aquí se deviene una gestión eficiente de los recursos públicos y la garantía del respeto de los derechos y deberes de los ciudadanos en su relación con el Estado.
Satisfacer las necesidades colectivas, siguiendo los principios de legalidad, imparcialidad y equidad, es la máxima de estos actos administrativos. Estos actos promueven una mayor concienciación de las decisiones de la administración y de cómo estas les afectan.
Antonio Gutiérrez Pérez
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