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La posibilidad de que se prohíba fumar en las terrazas de los bares en España ha generado debate. Aunque aún no es oficial, el nombramiento de Mónica García (Sumar) como Ministra de Sanidad ha reactivado el interés en aplicar medidas más estrictas contra el tabaquismo. García ha anunciado que su ministerio retomará el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2021-2025, que busca reducir en un 30% el consumo de tabaco para 2025 (en comparación con los datos de 2010).
El plan antitabaco abarca medidas ambiciosas para proteger la salud pública:
Aunque fue diseñado en 2021, este plan no obtuvo la aprobación necesaria en el Consejo Interterritorial de Salud y no tiene carácter de ley, sino que actúa como una hoja de ruta que requerirá modificaciones legales y la adaptación de normativas europeas en España.
En una entrevista reciente con El País, la Ministra García mencionó específicamente su interés en prohibir fumar en terrazas para proteger a los no fumadores, especialmente a los grupos más vulnerables, como niños, embarazadas y personas enfermas.
El plan no es la única medida en marcha. Este año, Sanidad también ha propuesto:
El tabaquismo sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo, con cerca de 8 millones de fallecimientos anuales, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En España, el 23,3% de los hombres y el 16,4% de las mujeres fuman a diario (datos del Instituto Nacional de Estadística de 2020).
El consumo de tabaco está vinculado a graves problemas de salud, como:
Además, el impacto del tabaquismo no se limita a la salud individual; también afecta al medio ambiente. Según datos de Naciones Unidas, la industria del tabaco:
Estos efectos recaen principalmente en países de ingresos bajos y medios, agravando problemas como la escasez de alimentos, ya que las tierras fértiles se destinan al cultivo de tabaco en lugar de a la producción alimentaria.
El endurecimiento de las políticas antitabaco tiene como objetivo no solo reducir el número de fumadores, sino también proteger la salud pública y el medio ambiente. Implementar estas medidas puede marcar una diferencia significativa en la calidad de vida de las personas y en la lucha por la justicia climática, especialmente para los países más vulnerables.
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