Master procedimiento tributario

Master Procedimiento Tributario

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La Administración, en su trato con los ciudadanos, tiene que hacer uso en algunas ocasiones de su potestad sancionadora en temas administrativos, ejerciendo esta mediante el procedimiento sancionador.

¿Sabes qué es el procedimiento sancionador?

El procedimiento sancionador es un proceso que sanciona las infracciones que tienen lugar en el trato entre administrados y administración, respetando y garantizando los derechos en cualquier momento y determinando una serie de principios que se deben tener en cuenta en cada fase. El procedimiento sancionador implica una serie de actos a partir de los que se lleva a cabo la potestad sancionadora que corresponde a la Administración. Este procedimiento está regulado en la ley 39/2015 del 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), y es considerado como una especialidad dentro del procedimiento administrativo común.

El principal objetivo de este procedimiento es garantizar los derechos de los administrados, rechazando las sanciones dictadas de plano. Por medio de esta potestad se sancionan todas las infracciones que se llevan a cabo en el plano administrativo, siguiendo para ello un procedimiento regulado.

La ley 40/2015 de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), determina los principios a los que el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora se debe someter.

Principios Derecho Penal y Procedimiento Sancionador

Los principios generales del Derecho penal han servido para nutrir, sin prejuicio de las debidas adaptaciones, el derecho administrativo sancionador.

Los principios del procedimiento sancionador son: el principio de legalidad y tipicidad, el principio de proporcionalidad, el principio de irretroactividad, el principio de responsabilidad, el principio de prescripción y por último, el de non bis in ídem.

• Principios de legalidad y tipicidad: Estos principios se encuentran en la Constitución Española en el artículo 25.1 y además en el artículo 25 de la LRJSP. El principio señala que las infracciones y sus correspondientes sanciones, deben estar tipificadas. Esto supone un problema para la Administración, puesto que no tiene ninguna potestad legislativa. En este sentido aparece el Título XI de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen local que regula las sanciones en el ámbito local, de manera que se pueden tipificar. 
• Principio de proporcionalidad: Este principio tiene en cuenta que las infracciones y sus correspondientes sanciones se deben clasificar en tres niveles, como leves, graves o muy graves. Además, la infracción debe estar modulada si tiene lugar una atenuante que lo agrave.
• Principios de irretroactividad: Este principio supone las que disposiciones que son desfavorables al administrativo son irretroactivas. Este principio también está regulado por el artículo 25.1 de la Constitución Española y el 26 de la LRHSP. Es decir, no se aplicarán estas disposiciones atrás en el tiempo si no existía una normativa en este sentido que lo regulara.
• Principio de prescripción: Este principio afecta al propio procedimiento sancionador y a las infracciones y sanciones. Esta prescripción se interrumpe en el momento en que el interesado sabe que tiene comienzo el procedimiento sancionador, y se reanuda cuando se paraliza durante un mes por la Administración.
• Principio non bis in ídem: Según este principio, ninguna persona puede tener una sanción dos veces por una misma causa.

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