Curso de Jurisdicción Contencioso Administrativa (Titulación Universitaria + 8 créditos ECTS)
Online
200h
8 ECTS
Índice
El recurso contencioso-administrativo es el instrumento por el cual se pueden llevar a cabo reclamaciones ante los actos de la Administración Pública o disposiciones de carácter general.
En este post, veremos las características del recurso contencioso-administrativo y sus particularidades.
El recurso contencioso-administrativo se encuentra regulado en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativo.
La propia ley recoge que este recurso se trata de un “instrumento útil para una pluralidad de fines”: desde la defensa del interés personal, de los intereses colectivos y cualquier otro, siempre que sea legítimo, abarcando materias que van desde la política, la defensa de la autonomía, defensa de derechos y libertades encomendados a ciertas instituciones públicas y como mecanismo de control de la legalidad de las Administraciones de rango inferior.
Este recurso se interpone cuando hay un conflicto entre un ciudadano/a y una Administración Pública, que está produciendo una lesión o perjuicio a los derechos o intereses legítimos de la persona.
Previamente a su interposición, se deben haber agotado los medios ofrecidos por la Administración y las reclamaciones sin éxito.
Se interpone en contra de una resolución dictada por la Administración que pone fin a la vía administrativa y puede dirigirse contra disposiciones generales o contra actos expresos o presuntos dictados por una administración, sea de ámbito local, autonómico o estatal.
Por tanto, el recurso contencioso-administrativo se interpone cuando la Administración provoca perjuicios u omite responsabilidades o acciones que debía haber realizado.
Este recurso tiene varios objetivos, como son:
Pueden interponer el recurso contencioso-administrativo:
Hay tres tipos de recurso contencioso-administrativos:
Se interpone el recurso contencioso-administrativo en resoluciones que están relacionadas con el derecho de extranjería y cuando no se resuelve favorablemente una solicitud de asilo político, o bien en conflictos de disciplina deportiva en materia de dopaje.
Este es el más común, donde se interpone el recurso cuando no se está conforma con un acto administrativo, agotando previamente la vía administrativa para reclamar.
Se trata de un procedimiento especial, y se interpone el recurso cuando se solicita amparo judicial para la protección de los derechos y libertades que vienen establecidos en el artículo 53.2 de la Constitución Española.
En primer lugar, hay que presentar un escrito expresando la solicitud, mencionando los argumentos e información del caso concreto.
Hay que especificar la pretensión, es decir, si se recurre una actuación, una resolución o la inactividad de la Administración, además de expresar el perjuicio sufrido por el demandante.
Además, se adjuntan anexados los documentos que justifican el recurso interpuesto y que se mencionan en el escrito, incluyendo el acto administrativo a recurrir y la documentación que demuestre y certifique que se cumplen con los requisitos para el procedimiento.
Se presenta por escrito ante el órgano judicial competente e indicando el acto que se impugna.
Para presentarlo, se necesita la intervención de un abogado/a, y en caso de que la actuación se hiciera ante órganos colegiados, entonces también será preceptiva la presencia de un procurador/a.
Hay 60 días a partir del día siguiente a la notificación o publicación del acto impugnado para poder presentar el recurso contencioso-administrativo.
Además, se reconoce el “acto presunto”, en el cual la Administración no resuelve en plazo legal establecido, por silencio administrativo.
Este tipo de acto se puede recurrir también, en su caso, el plazo estipulado son 6 meses desde el día siguiente al comienzo del silencio administrativo.
Tras la interposición de un recurso contencioso-administrativo, el juez o tribunal expresa su decisión a través de una sentencia.
Esta decisión podrá:
Un ejemplo puede ser el recurso contra las sanciones de tráfico, ya que una multa de tráfico es un acto de la Administración, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Si la persona en cuestión, considera que la multa no es correcta y que genera un perjuicio, como la pérdida de puntos en el carnet de conducir y la sanción económica aplicable, podrá acudir al juzgado competente una vez agotada la vía administrativa, para exponer su caso e impugnar la actuación administrativa.
¿Quieres conocer algunas de las titulaciones de Euroinnova más interesantes del sector? ¡Mira!
Alba Megías Cabezas
DOCENTE DE LA FACULTAD DE DERECHO
Nuestra Formación
Nuestro porfolio se compone de cursos online, cursos homologados, baremables en oposiciones y formación superior de posgrado y máster.
Ver oferta formativa
¡Muchas gracias!
Hemos recibido correctamente tus datos. En breve nos pondremos en contacto contigo.
![[NUEVO] ¿Dónde estudiar diplomacia?](https://cdn.euroinnova.edu.es/img/subidasEditor/e%20(83)%20(1)_1709540018.webp "[NUEVO] ¿Dónde estudiar diplomacia?")
