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Los derechos de CO₂ son un permiso finito que se les concede a las empresas para determinar qué cantidad de CO2 pueden emitir legalmente para llevar a cabo sus actividades comerciales. Todas las empresas están limitadas por defecto a emitir un máximo de determinados gases que propician el efecto invernadero.
A su vez, estos derechos de emisión pueden venderse entre empresas. ¿Y para qué las empresas compran y venden derechos de emisión? En el mercado de la compra de derechos de emisión encontramos dos elementos: las empresas a las que les sobran derechos de emisión y otras empresas que necesitan derechos de emisión para poder sacar adelante su producción.
Su implantación se hizo efectiva en España y el resto de los estados europeos en 2005. Afecta únicamente a ciertos sectores regulados, comúnmente ligados con la industria, como son la generación eléctrica, cemento, cerámica, etc. A partir de una modificación legal en 2013, en este listado de actividades regulares se sumó la aviación.
Si has comprendido qué son los derechos de CO2, te podrás imaginar cuál es su utilidad y qué pretende la Unión Europea. A través de ellos, se les premia a las empresas que menos contaminas y, por otro lado, se les castiga económicamente a las empresas más contaminantes.
De esta forma, la Unión Europea no coarta la libertad de contaminar, sino que fomenta la reducción de contaminantes de manera indirecta. Sin embargo, en el caso de España esta medida no ha surtido el efecto deseado, ya que desde su aplicación hasta esta década el porcentaje de emisiones de CO2 ha disminuido tan solo un 5%.
En la actualidad, la contabilidad como disciplina sigue estudiando con inquietud cómo podrían definirse los derechos de emisión de CO2. Todos los expertos confluyen en que, tipológicamente, se trata de un activo, ya que la empresa lo obtiene para generar un rendimiento económico, bien sea para poder producir más o para comerciar con él.
No obstante, la controversia se recrudece cuando se pretende enmarcarlo en una de las tres categorías planteadas: inmovilizado intangible, existencias o activos financieros.
A partir de 2018, la escalada de los precios de derechos de emisión se ha disparado. Esto se debe a la así llamada emergencia climática que acecha a todo el planeta y que la Unión Europea quiere tajar de raíz. Así pues, para finales de 2021 un título de derecho de emisión costaba de media 80 euros, cuando poco antes venía costando alrededor de 25 euros.
El compromiso de numerosos organismos internacionales por frenar el cambio climático desde el continente europeo ha motivado intencionadamente la subida planificada de los precios de los derechos de emisión. Paralelamente, los precios de la electricidad se han ido volviendo más prohibitivos para muchos hogares en nuestro país.
En un principio, son los estados miembros de la UE los que cobran los derechos de emisión de CO2 otorgados por la Unión Europea. La compraventa de los derechos de emisión está regulada por el Reglamento (UE) N.º 1031/2010. Antes de que se implantara esta normativa en 2010, la asignación de derechos de emisión era gratuita.
Siempre que se respete el reglamento, los estados miembros pueden decidir si quieren crear una plataforma nacional propia que aloje el mercado de derechos de emisión, como es el caso de Alemania y Polonia. España, por el contrario, ha decidido efectuar estas transacciones comerciales en la plataforma común europea, llamada European Energy Exchange.
Así pues, el cobro de los derechos de emisión de CO2 depende de una subasta pública de estos. En este procedimiento, se pretende repartirlas al mejor postor. De forma simplificada, la subasta pública procede de la siguiente forma:
Aunque la intención principal de establecer cupos permitidos de contaminación mediante era reducir las emisiones contaminantes, parece ser uno de los principales responsables en el aumento del precio de la electricidad en los hogares. Al fin y al cabo, si las empresas generadoras de energía eléctrica experimentan gastos adicionales, van a repercutirlas en el recibo de la luz para no recortar beneficios.
Algunas voces opinan que lo mejor que pueden hacer las naciones europeas es optar por recurrir a las energías renovables que, actualmente, representan alrededor del 40% de fuentes de energía en España. De esta forma, el título de los derechos de emisión quedaría obsoleto y las compañías eléctricas no tendrían gastos que repercutir a los hogares. No obstante, en el horizonte no se soluciona una solución definitiva para este tema tan controvertido.
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