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A la hora de enjuiciar determinadas conductas delictivas se sigue un procedimiento u otro ante los tribunales. En este sentido el procedimiento abreviado penal es uno de ellos. Conocer todo acerca de los delitos que se juzgan, sus características, las fases del proceso o los derechos que están en juego a la hora de acudir a los tribunales es vital para quienes desean dedicarse al derecho. En este post te vamos a contar todo lo que necesitas saber partiendo de su normativa aplicable para que no se te escape nada en tu camino hacia el éxito profesional.
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El procedimiento abreviado aparece recogido en el artículo 757 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y constituye un proceso penal especial que trata de agilizar el enjuiciamiento de determinados delitos.
Concretamente, se enjuicia por este procedimiento aquellas infracciones con una pena que no supera los 9 años de prisión u otras penas que privan de libertad.
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Artículo 757:
Sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales, el procedimiento regulado en este Título se aplicará al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración.
Este procedimiento trata de agilizar el enjuiciamiento de los hechos delictivos acortando los plazos del proceso.
No obstante, esta agilización del proceso no puede generar confusión con el juicio rápido. Y es que, aunque existen muchas más diferencias, en este último tipo se aplica a delitos con una instrucción que se prevé sencilla.
La agilidad del procedimiento abreviado se traduce o recibe su nomenclatura en base a los siguientes rasgos característicos, en cuanto a diferentes trámites o medidas que hacen acortar el proceso. Algunos de los más destacados son:
Además de aspectos que tienen que ver con la agilidad en el proceso, el procedimiento abreviado tiene otras características que conviene citar:
El procedimiento abreviado se desarrolla a lo largo de 4 fases que son las siguientes.
En esta primera fase del procedimiento abreviado se detecta o se obtiene información sobre el hecho delictivo. La actuación del Ministerio Fiscal será la de contactar con el perjudicado o con su abogado defensor para informarle sobre lo sucedido.
Pueden llevarse a cabo aquí las diligencias necesarias para comprobar la responsabilidad de las personas implicadas en los hechos. Incluso, el Ministerio Fiscal puede solicitar que comparezca la persona que considere necesaria para que declare.
La fase de instrucción preparatoria le corresponde al juez de instrucción y se practicarán las diligencias previas para conseguir información sobre los hechos y realizar la acusación. Podrá aquí el juez, tomar medidas preventivas de conservación de las pruebas, medidas cautelares o asistenciales.
Finalizada esta actuación, el juez podrá adoptar alguna de las decisiones recogidas en el art.779 mediante auto que son las siguientes:
El juez de instrucción aquí decide la apertura o no del juicio oral, y fijar cuando sea conveniente el procedimiento adecuado y el órgano al que le compete enjuiciar los hechos. En el plazo de 10 días el Ministerio Fiscal podrá presentar el escrito de acusación, teniendo también el acusado 10 días para presentar su escrito de defensa o su conformidad.
Ante el juez o tribunal competente se desarrollará el juicio oral, donde analizará las actuaciones y examinará las pruebas que se proponga y su admisión o rechazo. A continuación se notificará a las partes para que acudan con su representante.
En el juicio oral se expondrán los escritos de acusación y defensa, concediéndose a las partes un turno de palabra para indicar lo que sea necesario. Finalizará esta fase con la práctica probatoria y las alegaciones definitivas. Tras esto, el juez contará con un plazo de 5 días para dictar sentencia.
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Cristina Polo Calvo
COPYWRITER
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